Estudios recientes muestran que gran parte de un negocio depende de las decisiones que toman los decisores políticos. Las decisiones regulatorias y medidas adoptadas por los decisores estos son, por tanto, como parte del entorno que rodea a las compañías, una parte fundamental de la vida de las estas y a la que se debería prestar especial atención y cuidado.
Así, teniendo en cuenta esta situación sería de esperar que las empresas dedicaran grandes esfuerzos a adoptar una aproximación disciplinada y sistemática a los asuntos públicos, organizando sus departamentos de asuntos públicos o relaciones institucionales con la misma dedicación y recursos que las demás áreas.
Sin embargo, aunque existen herramientas tecnológicas que pueden ayudar a las empresas en la transición hacia modelos organizativos que maximicen la influencia en las decisiones regulatorias que les afectan, su uso es muy reducido.